Cuando el gobierno del PRD con Martín Torrijos anunció que llevaría a cabo la ampliación del Canal de Panamá, FRENADESO calificó el proyecto como LA GRAN ESTAFA al pueblo panameño. Sectores de la supuesta oposición, incluyendo al actual Presidente Ricardo Martinelli, apoyaron el proyecto, y se hicieron cómplices de la ESTAFA, en conjunto con la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la supuesta Junta Asesora, cuyo principal propósito es velar por los intereses de las compañías navieras. Uno de los principales protagonistas de esta ESTAFA lo fue Mario Galindo, directivo del canal, quien se encargaba de sugerir “mejor redacción” a las Actas de las reuniones para encubrir que estaban ilegalmente acumulando reservas para financiar la ampliación. Otros directivos como Guillermo Quijano, Roberto Roy (actual Secretario del Metro de Martinelli) Adolfo Ahumada, y Alfredo Ramírez, le acompañaron en esta osadía. Las autoridades del Ministerio, con Ana Matilde Gómez, se unieron a la ESTAFA como cómplices al negar los recursos contra los directivos de la ACP de la existencia de bien oculto.
Las Actas de la Junta Directiva y de la Junta Asesora evidenciaban que la decisión de ampliar el Canal de Panamá había sido tomada con anterioridad, aún cuando no se había realizado el referéndum que la ley obligaba. Las reformas constitucionales que hicieron Martín Torrijos y el PRD y la supuesta oposición política, tan pronto fue Presidente (finales de 2004) facilitaron que se hiciera el referéndum aún cuando los diseños de las esclusas no se habían terminado y no se conocía con claridad los costos reales del proyecto. El propio ingeniero jefe de la ACP, Agustín Arias confirmó además que él había recibido la orden de iniciar los estudios de la ampliación del Canal en 1998 cuando todavía los Estados Unidos tenían control del Canal de Panamá. Se trataba de un COMPLOT liderado por los Estados Unidos con los participes más visibles, mencionados previamente. Se trataba de unaMAFIOCRACIA.
Otros elementos sustentaban el calificativo de LA GRAN ESTAFA. 1- La ampliación no era de urgencia. La capacidad del Canal se podría mejorar sin ampliarlo. 2- Alto riesgo de la obra, considerando el contexto internacional inestable. 3- La ACP había manipulado las cifras para decir que el proyecto era rentable. Sobreestimaron la posible carga que pasaría por el canal así como el crecimiento de los peajes, y subestimaron los costos. No incluyeron los intereses del financiamiento, el puente de Colón, así como otras infraestructuras requeridas por el proyecto. La carga por el canal ha estado disminuyendo desde el año pasado y los aumentos de peajes se han pospuesto, tal como lo proyectó FRENADESO. 4- Los diseños no estaban terminados y por tanto, el costo real del proyecto era incierto. 5- Los excedentes del Canal debían utilizarse para atender un conjunto de necesidades de educación, salud, vivienda, transporte, renacionalización de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, entre las más sentidas por el pueblo panameño, se trataba del uso social del excedente canalero. Era necesario que las luchas del pueblo panameño por la recuperación del área del Canal de Panamá tuvieran algún fruto para los panameños. Sin embargo los sucesivos gobiernos, han propiciado que las áreas revertidas hayan quedado en manos de extranjeros y de los grupos de poder económico en este país quienes incluso se opusieron a que los estadounidenses se fueran del suelo panameño. Los Quijano, Roy, González-Revilla, Galindo, Arias, Boyd, Bern, Figali, Shrem, Pasco, Alemán, entre otros, han sido los beneficiarios de las áreas revertidas. El Programa de Desarrrollo Comunitario (PRODEC), creado al momento del referéndum como mecanismo político, que se nutre de los fondos del canal, ha mostrado ser un gran centro de corrupción del gobierno del PRD. Se manejaron más de 200 millones, sólo 1,079 proyectos se entregaron, la mayoría con serias deficiencias, de 3,289 que Torrijos dijo se habían realizado. Hoy existen fuertes denuncias que el mismo mantiene números rojos.
Un día después del referéndum, personeros gubernamentales y de la ACP aceptaron que los intereses del financiamiento no estaban incluidos, pese a que siempre dijeron lo contrario. Los primeros contratos firmados daban la tónica de la ESTAFA. La empresa de la familia Alemán Zubiera, CUSA, fue la primera en ganarse uno de ellos, en la cual el actual Administrador de la ACP es accionista y primo hermano de Rogelio Alemán, presidente de CUSA. Luego la empresa de Carlos Slim, amigo del Presidente Torrijos, fue otra de las beneficiarias. CUSA también se ganó junto con Odebrecht el proyecto de la Cinta Costera, rumorándose que pudieron ofertar menor precio debido a que CUSA tendría acceso al material de relleno que saldría del Canal. El contrato de asesoría financiera fue otorgado a Shearman & Sterling siendo el consultor Manuel A. Orillac, sobrino de Mario Galindo. Ahora, la ACP ha dado a conocer el ganador para la construcción de las esclusas y las tinas: un grupo (Grupo Unidos por el Canal, consorcio de empresas capitaneado por la empresa española Sacyr que posee el 40%) en el que participa también CUSA, que ofertó 1,063 millones por debajo del segundo oferente y 368 por debajo del precio de la ACP. Pese a ello, el Presidente Martinelli dijo que el proceso era ejemplo de “transparencia”. Nos preguntamos ¿Hubo filtración de información en materia de costos y diseños? ¿En la Cinta Costera tampoco hubo nada irregular? ¿Todo fue transparente, así como en la autopista Panamá-Colon? En España las reacciones incluyen el calificativo de ser una “oferta baja temeraria”, de parte de Sacyr Vallehermoso, S.A., una empresa española con serios problemas financieros. Algunos afirman que dejará la obra a medio camino. Impregilo, la Italiana que hizo negocios en Panamá durante el régimen militar es otro socio del Consorcio, y por supuesto, CUSA, de la cual el Administrador de la ACP es accionista. Una diferencia de precios de tal naturaleza no puede deberse a diferencias de diseños.
No existe auditoría confiable que certifique que la ACP no ha estado utilizando los fondos para ocultar gastos que corresponden a la ampliación, como efectivamente los estuvo haciendo desde antes del referéndum. Todavía los medios de comunicación y la ACP siguen hablando de la falsa cifra de 5,250 millones para referirse a los costos de la ampliación. Los detalles del contrato se desconocen. No se sabe si la ACP consideró los problemas financieros de Sacyr. La práctica histórica de las adendas y los sobre costos que surgen en el camino nos dice que la ESTAFA sigue. Si hay dudas, preguntemos sobre las adendas del Ministro Colamarco con Pycsa – Odebrecht, por 70 millones, o la de Arditto Barletta con la ACP cuando les hizo un estudio para justificar la ampliación. La MAFIOCRACIA sigue usufructuando los recursos del pueblo panameño, ahora del Canal de Panamá, por el que nunca lucharon.
Los hechos han evidenciado lo que advertimos durante el referédum por la ampliación del canal, que se trataba de otro engaño, de una gran estafa que los grupos de poder económico, gobierno y oposición burguesa, cometen contra el pueblo panameño.FRENADESO reitera su rechazo al proyecto de ampliación del canal, exige que se investiguen los procesos de “licitaciones” que ha llevado adelante la ACP y se den las sanciones correspondientes.
NO MÁS ENGAÑO
ALTO A LA CORRUPCIÓN EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CANAL
BASTA DE ESTAFAS CONTRA EL PUEBLO PANAMEÑO
POR EL USO SOCIAL DEL EXCEDENTE CANALERO
Panamá, 14 de julio de 2009
